Me causó una grata impresión un video que el algoritmo de Facebook me recomendó hace poco. En él aparecía Ricardo Rivero Ortega, un respetado catedrático de derecho, renunciando a su cargo como rector de la Universidad de Salamanca debido a sus diferencias con la reforma estatutaria que se adelanta allí. Expresaba que ya era necesario apartarse de su rol, después de ocuparlo seis años, para darle legitimidad a la transformación que experimenta esta universidad, la más antigua en nuestro idioma. Sus argumentos me parecieron una lección de decencia.
Comparé este caso con lo que viene aconteciendo en las dos universidades públicas más importantes de Colombia. Por una parte, en la Universidad Nacional la rectora Dolly Montoya Castaño —la primera mujer electa para este cargo en 2018 y quien fue reelegida en 2021— no se presentó otra vez debido a los estatutos que sólo permiten una reelección. Por otra, en la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, que al igual que Montoya fue elegido en 2018 y reelecto en 2021, sí aspira de nueva cuenta al cargo.
En ambas universidades se lleva a cabo una consulta que sondea la popularidad de los candidatos, pero esta no es vinculante. Quienes eligen al rector son los miembros del Consejo Superior Universitario, conformado por representantes de los docentes, egresados, exrectores y la sociedad civil; así como por delegados del poder político nacional y departamental, para el caso de la UdeA. En total, son ocho personas las que votan en cada uno de estos consejos.
Es bastante contradictorio que las instituciones que resguardan el saber y los valores más arraigados de la democracia configuren su funcionamiento en estamentos cerrados y sometidos a prácticas de la más nefasta ambigüedad moral. ¿Cómo es posible que en la Universidad de Antioquia la reelección no esté limitada a un periodo, como pasa en la Nacional? Pero más grave que eso, ¿a son de qué los más importantes referentes académicos aspiran a mantenerse en un cargo indefinidamente?
El contraste entre la situación en la Universidad de Salamanca y las universidades colombianas pone en evidencia la necesidad de reformar los procesos de elección de rectores en el país. También la necesidad de establecer unos criterios morales para quienes tienen puestos de decisión. Para el caso de la Nacional, el presidente Petro manifestó respetar los resultados de la consulta, pero ¿qué sucederá en la de Antioquia, sabiendo las diferencias entre los gobiernos nacional y departamental? La discusión se torna más álgida debido a los reparos por las fallas del software de la consulta y las subsecuentes manifestaciones experimentadas en la última semana.
La ética exhibida por Rivero Ortega debería servir como ejemplo para promover una gestión más transparente y democrática en nuestras instituciones académicas. Así mismo, la designación de rectores debería ser un proceso que refleje los intereses y necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Tristemente, lo que estamos viendo es que las dimensiones más lamentables de la política y el ejercicio —siempre caprichoso— del poder, son las que imperan en todas partes. En pocas palabras: aferrarse al escritorio que les tocó por suerte.
Espacio
JUAN DANIEL MAZO: Psicólogo y economista, magíster en estudios del comportamiento. Integrante del taller de literatura El Sueño del Pino, con el que ha publicado su producción literaria en la revista Alas de Papel. Ganador del Concurso Nacional de Escritura (2022) en la modalidad de ensayo. Actualmente es docente de cátedra de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT. Disfruta de novelas, libros de divulgación, poemas y artículos de opinión, además de entrevistas o podcast de diferentes escritores.
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